El secretario plenipotenciario, vocero oficial y asesor histórico de
los gobiernos antioqueños José Manuel Restrepo (acompañado de Juan del Corral),
a principios del siglo XIX, tenían claro que Antioquia debía propugnar por un
gobierno federal y autónomo, como diría algún politólogo, un gobierno descentralizado.
Las razones que
esgrimieron las diferentes provincias que defendían la federalización en la
Nueva Granada, era básicamente seguir los pasos del
sistema de gobierno del naciente Estados Unidos de América, ciñéndose a su
fórmula judicial, militar y legislativo. La idea de que era la mejor manera de defender
los pueblos americanos de las tropas francesas, y que mantenían una supuesta
fidelidad al rey Fernando VII, no pasaron de ser excusas políticas, el hecho es
que Antioquia estuvo presente en los debates políticos, y aún, en las guerras fratricidas de la década de 1810 para defender firmemente la anhelada Antioquia federal.
Los tiempos cambiaron,
los procesos históricos concibieron finalmente la república de Colombia como
una nación centralizada, y que fue consolidada a principios del siglo XX,
después de tantas vicisitudes, conflictos bélicos, y especialmente, después de
las celebraciones de la conmemoraciones del Centenario de la Independencia de
Colombia en 1910, tomando como referencia lo sucedido en Santafe de Bogotá en
1810, si bien es cierto que algunas provincias siguieron
añorando aquellos momentos de gobiernos federativos, en el caso de Antioquia, se
ha mantenido vivo el sentimiento en algunos sectores de la región.
Ese sentimiento vuelve a
despertar cada vez que los dirigentes antioqueños se sienten agredidos, o de
alguna manera afectados por las políticas desde Bogotá, como lo sucedido con una imprudencia
de parte del gobierno durante la época del narcotráfico entre las décadas de
1980 y 1990, en el que se excluyó a Antioquia en el mapa de destinos
turísticos, despertó, no al pueblo antioqueño, sino más bien, a los grupos
mafiosos, a generar nuevamente el sentimiento de una Antioquia federal, promoviendo
una posible iniciativa ciudadana para tal caso, pero la situación no pasó a
mayores consecuencias sociales.
Ahora, en el 2017, el
problema en el caso de Belén de Bajirá, un caserío que lo disputa en términos
locales el municipio de Mutatá, por el lado antioqueño, y el municipio de
Riosucio, por el lado chocoano, ha generado de nuevo el sentimiento de una
Antioquia federal. El caso es más de carácter político que social, pues, el
abandono de tal caserío ha sido histórico por un lado y por el otro, y tiene
más ingredientes demagógicos y económicos que real interés en los pobladores.
Términos como la raza
antioqueña, que ha sido abusado de parte de oportunistas, o del ensalzamiento
de los antioqueños como región, no hace sino afectar las relaciones sociales
de una nación que si bien tiene toda una institucionalidad consolidada, aún
está en construcción, y en la medida que se radicalicen los discursos
políticos afectará gravemente la economía y la cultura de ambas regiones, que
en el fondo, los que realmente se benefician de los conflictos, han sido
algunos dirigentes políticos y económicos, es decir, de algunas pocas personas.
