A diferencia de Venezuela, donde la población se enfrenta a un gobierno ilegal, en Colombia, la población se enfrenta a un gobierno legal. Es como alguien que se hubiese infligido una herida por su propia voluntad y deba esperar hasta que pase el dolor. En este sentido, hay que esperar a unas nuevas elecciones presidenciales para llevar al plano de la participación política los enfrentamientos sociales.
Eso, respecto a la cuestión de la legalidad
institucional. Porque, respecto a la legitimidad, el gobierno colombiano hace rato dejó de
serlo. Entonces, es cuando se enfrenta la democracia, entendido como el poder del pueblo, frente a la legalidad, es decir, como la institucionalidad elegido a
partir de unas elecciones por un período de tiempo.
Para ponerlo en perspectiva, en España,
los defensores de la corona aducían que el 15 de diciembre de 1976 los
españoles votaron a favor de la monarquía, esto, independientemente de las
maniobras que hizo la derecha para meter de todo en ese referéndum, y por ello, las “excusas”
de los independentistas catalanes y cualquier otra comunidad autónoma no tienen validez.
En ese caso, los independentistas consideran
que la democracia, como noción de la legitimidad del pueblo, exige un
replanteamiento de lo sucedido en esa fecha. Es entonces, que la legalidad se
ve “forzada” en hacer uso de las armas que le otorga la constitución a las
fuerzas militares y de policía para defender la legalidad así sea obsoleto y no
tenga vigencia, lo que lo convierte con el tiempo en una ilegalidad.
Lo que pasa en Colombia es que los
sectores sociales entienden que la legalidad institucional hay que respetarla
durante el período de tiempo por el que fue elegido. La cuestión está en
exigir, como parte de la democracia y por lo tanto de la legitimidad de los
sectores sociales, algunos cambios relacionados con las leyes y con ello las
afectaciones económicas y sociales que se necesita modificar.
Y es aquí, cuando la legalidad del gobierno colombiano ha hecho uso de las armas constitucionales no sólo para defender, sino para asesinar a
todo aquel que levante su voz contra las decisiones gubernamentales. El temor
entonces aparece por el abuso de esa legalidad, y el desafío de los sectores
sociales es enfrentar ese temor y hacer valer la legitimidad de la democracia
que es no sólo igual, sino que además está por encima de la legalidad cuando ésta
se vuelve obsoleta y que con el tiempo se vuelve ilegal.
