Uno de los temas políticos más controversiales en los últimos meses ha
sido la sistemática dilatación de parte del Congreso de la Unión para la
creación de una Fiscalía General, ya que supone una mayor eficiencia en cuanto
al funcionamiento del aparato judicial. No han valido presiones sociales y
académicas exigiendo la creación de esta entidad investigativa, más bien, las
excusas de los legisladores y del ejecutivo han obstaculizado el buen
funcionamiento institucional para que se den las condiciones adecuadas para tal
fin.
Y en cuanto a la posibilidad, o mejor dicho, a una remota posibilidad,
de crear una Corte Constitucional, que supone una efectiva interpretación y
aplicación de la constitución política mexicana, ni siquiera se ha hecho mención
oficial sobre el asunto, tan olvidada está la propuesta, que tan sólo es
recordado por alguno que otro analista político, sin prever la sociedad de la importancia
y trascendencia que significa el establecimiento de un tribunal constituyente.
Aunque es cierto también, que los intereses políticos y económicos
pueden influir, en última instancia, en las decisiones gubernamentales y del
legislativo, no parece tener el mismo suficiente interés para la sociedad civil
como lo tienen los grupos de presión. No parece muy necesario, pues, al fin y
al cabo existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima
responsable de dictar las medidas últimas sobre la constitución. Basta con
observar las dificultades y la desconfianza social hacia instituciones como la
Procuraduría General, bastante lenta e inocua para hacer justicia, y la falta
de equilibrio de poderes que debe tener las mismísima Suprema Corte.
No han sido suficientes las reformas políticas o económicas para la
protección de la población más vulnerable y para la defensa de los derechos
humanos en lo que respecta a una mayor igualdad entre los diferentes actores
sociales. Será suficiente un cambio de mentalidad, y ello se puede lograr
mediante una Asamblea General Constituyente.
Una constitución política que tiene 100 años de vigencia no puede
amoldarse a las necesidades culturales de la actualidad, no es que sea incapaz,
es que las múltiples reformas no han hecho sino mutilar la esencia misma de la
constitución que se redactó para lo que fueron las necesidades de todo el siglo
XX.
El miedo al cambio constituye el primer y gran obstáculo, algunos, hasta
se atreven a decir que sería algo así como abrir una caja de pandora, con la
incertidumbre de lo que podría suceder en la república. Sin embargo, aquellos
héroes y heroínas de la patria, a los que con tanto respeto se homenajea para destacar
su valentía, fueron los que cambiaron la historia al promulgar la Carta Magna en
1917 con el fin único de defender los caros intereses de México, pudieron
reservar sus miedos para otras ocasiones, pero fueron conscientes de una
necesidad de cambio estructural.
Tantos conflictos de todo tipo que ha tenido que enfrentar la sociedad
mexicana, y cómo han podido salir triunfantes en cada uno de los problemas
sociales, políticos y económicos, y así lo ha demostrado la gran historia de la
nación. Lo anterior indica, que es posible llevar a cabo una empresa de
dimensiones trascendentales para las nuevas generaciones.
Y cuál es el miedo, si ya estamos acostumbrados a ello, y cuál el
silencio, si aún se puede gritar y exigir, y cuál la falta de conocimiento, si
existe sensibilidad política en la población. Cerrar los ojos, pensar en la
fortaleza del pueblo mexicano, abrirlos, aceptar la realidad, y tomar el
impulso con el esfuerzo necesario y suficiente para tomar determinaciones tan
importantes que se exige para este siglo XXI.
En conclusión, no se puede dilatar más la creación de una Fiscalía
General y de una Corte Constitucional para que el Estado mexicano haga más
eficiente el engranaje de una mejor aplicación de la justicia y de una defensa
y promoción de los Derechos Humanos, en el que los ciudadanos comprendan y
asimilen lo que realmente significa un Estado de Derecho.