Como era impensable prever que
la opción del no ganara el plebiscito como evidentemente ocurrió, básicamente
no hay ningún plan b como lo diría un funcionario del gobierno. En otras
palabras, llana y sencillamente no hay posibilidad alguna de dar marcha atrás sobre
el acuerdo, en términos políticos, cuatro años de negociaciones quedaron
anulados con la votación del 02 de octubre, y como todo el mundo se hace la
pregunta del millón… ¿y ahora qué pasará?
Es claro, y eso lo
recuerdan permanentemente los miembros de las FARC, que ellos nunca aceptarán
una cárcel y ninguna especie de sometimiento ni tampoco que sean inhabilitados políticamente. Es claro también, y eso lo
recuerdan permanentemente los líderes del uribismo, que dentro de sus
exigencias para acercarse al proceso de paz, está el hecho de que se debe
modificar algunos puntos de los acuerdos, entre ellos, un sometimiento a la
justicia ordinaria, esto es, se exige cárcel para los miembros del secretariado
de las FARC e inhabilidad política. Y por último, es claro que el gobierno nacional no puede hacer
nada al respecto para modificar los acuerdos, porque, como dicen las parejas de novios,
para dialogar y acordar algo se necesitan de dos interlocutores, esto es, que
las FARC serían las que decidan, en última instancia, que modifiquen los
acuerdos, y ello, por el momento, nunca sucederá.
Bajo este escenario la
lógica dialéctica (y lógica política) es la siguiente: El gobierno nacional,
encabezado por el presidente Santos, lo que está haciendo, es darle largas a un
proceso muerto, es decir, se dedicará a atender a la oposición para luego
salir a decirle a la opinión pública que se evaluarán las alternativas, etc,
etc, sabiendo bien que ya nada se puede hacer, se tratará de una especie de muerte
lenta. Las FARC saben que queda poco tiempo para el vencimiento del plazo, aunque
el ministro de defensa calme los ánimos diciendo que podría ser prorrogable el
plazo del cese bilateral.
Observando los delegados
de las FARC que ya no queda nada que hacer, que cualquier intento de
conversaciones significaría perder tiempo, pues, al contrario de la situación
que se presentaba antes de la firma final, en este caso, ya todo está acordado. Lo que harán entonces, será retirarse de la mesa en la Habana a pocos días de
finalizarse el mes de octubre. Es posible que Santos conceda prórroga del cese
al fuego, pero el desgaste de cuatro años de diálogos y la decepción del
plebiscito no harán sino motivar a que las FARC se internen en sus campamentos
y decidan entonces retomar la dinámica de la guerra.
De la misma manera que el
movimiento político Centro Democrático ha buscado siempre culpables para acusar de
cualquier cosa a cualquier organización o persona, esto, en cabeza del
expresidente Uribe, que ha tenido antecedentes de acusar de terroristas a
cualquiera que lo contradiga. De esa misma manera, las FARC buscarán culpables de
la catástrofe política que sufrieron, esto es, que odiarán, y esta vez con más
fuerzas, a todo lo que se llame Centro democrático, dicho movimiento será
señalado como objetivo de guerra, y el primero en la lista será por supuesto el
expresidente Uribe.
En algún momento Santos alertó sobre la
posibilidad de que la guerra se trasladaría a las ciudades, y esto es posible,
ya las FARC han cometido sendos actos terroristas en ciudades como Cali,
Medellín o Bogotá. Ahora, las dificultades de un enfrentamiento armado en las
calles de las principales ciudades es una opción poco probable, a no ser que
decidan tomar control de algunos territorios periféricos.
Pero históricamente los
hechos de guerra en Colombia en las ciudades se ha traducido en atentados
terroristas por medio de carro bombas y atentados sicariales. Entonces, no
estaría lejos de la realidad considerar la repetición de estos hechos como
retaliaciones de las FARC, algo que se supone no debería suceder cuando entrara en vigor el acuerdo. Un atentado de bomba contra una sede del Centro
Democrático o contra uno de sus líderes podría desestabilizar el orden público
a tal grado que el resurgimiento de grupos paramilitares estaría a la vuelta de
la esquina, repitiéndose la espantosa historia de guerra civil que se vivió en
Colombia durante las décadas de 1980 y 1990.
